El Tribunal Superior de Bogotá programó la lectura del fallo de segunda instancia en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez para el martes 21 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 a.m.
Contexto del proceso
- En primera instancia, el 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
- También se impuso una multa y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un tiempo determinado, según la sentencia inicial.
Qué viene en la segunda instancia
- En la audiencia del 21 de octubre, los magistrados Manuel Antonio Merchán (ponente), Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo serán los responsables de conocer los recursos de apelación presentados por la defensa y por la Procuraduría.
- Se definirá si se confirma, modifica parcial o totalmente, o revoca la condena pronosticada en primer grado.
- Tras esta decisión, es muy probable que el caso sea llevado por quien pierda el fallo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vía recurso de casación, que es el siguiente escalón en el sistema judicial colombiano para este tipo de procesos.
Sobre la prescripción y plazos
- Una de las preguntas que surge es si el proceso podría prescribir si el fallo no se conoce antes del 16 de octubre de 2025. Sin embargo, Uribe ya había renunciado a la prescripción del caso, lo que permite que el proceso continúe más allá de esa fecha límite teórica.
- Puesto que esa renuncia fue presentada, el Tribunal no puede declarar de oficio la prescripción al vencerse el plazo convencional, lo que invalida el argumento de que el caso debe archivarse automáticamente si no hay fallo antes del 16.
Importancia política y mediática
- Este proceso ha captado atención nacional por involucrar al primer expresidente colombiano condenado penalmente.
- Dependiendo del fallo, la situación política del Centro Democrático y del papel público de Uribe podrían verse significativamente afectados.
- El desenlace también podría marcar precedentes en el tratamiento de casos de altos cargos y la percepción del sistema judicial en Colombia.