En la jornada del 21 de agosto de 2025, Colombia vivió dos eventos violentos de enorme impacto: el derribo de un helicóptero policial en Amalfi (Antioquia) y una explosión de camión bomba cerca de la base aérea en Cali (Valle del Cauca). Desde Valledupar, durante un evento del gobierno centrado en reforma agraria y agroindustria, el presidente Gustavo Petro expresó enérgica condena por estos ataques. En homenaje a las víctimas, pidió un minuto de silencio, uniéndose al llamado planteado por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz.
Derribo del helicóptero en Amalfi
El helicóptero de la Policía Nacional, en una operación de erradicación de cultivos ilícitos, fue atacado con un dron, lo que provocó su caída. Inicialmente se reportaron ocho policías fallecidos y ocho heridos; cifras que más tarde fueron ampliadas hasta 12 muertos y cuatro heridos.
Atentado en Cali
Simultáneamente, un camión bomba explotó en los alrededores de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, causando la muerte de entre cinco y seis civiles y dejando decenas de heridos.
Autoría y categorización de los hechos
Petro responsabilizó explícitamente al Estado Mayor Central (EMC) —conocido también como la facción bajo el mando de alias Iván Mordisco— de orquestar ambos ataques, considerando estos hechos como “terrorismo” y crímenes de guerra y de lesa humanidad, aludiendo incluso a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Además, anunció que su Gobierno declarará formalmente como organizaciones terroristas al Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias del EMC, a quienes tildó de «la Junta del Narcotráfico», argumentando que sus acciones están dirigidas a “irradiar pánico en la población civil”, en contraste con enfrentamientos entre fuerzas armadas convencionales.
Marco contextual
Estos ataques forman parte de una escalada de violencia en Colombia durante 2025, donde diversas disidencias de las FARC, especialmente el EMC, han aumentado su acción armada en territorios claves como Antioquia y el Valle del Cauca —regiones con histórica presencia de conflicto y economías ilícitas—. Pese al acuerdo de paz de 2016, muchas facciones no se desmovilizaron y continúan operando con fuerte capacidad militar y financiera.
La reacción de la comunidad internacional fue rápida: organismos como la ONU respaldaron el llamado a desescalar el conflicto y proteger a la población civil. En Cali, el alcalde Alejandro Éder anunció una recompensa cercana a los 400 millones de pesos colombianos por información que permita identificar a los responsables.