La procuraduría empezó a ponerle la lupa al tema de presuntas irregularidades en un contrato suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con la agencia logística de las Fuerzas Militares.
El procurador delegado, Mario Megolsa, indicó que dicha actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pudo haber afectado los principios que deben tenerse en cuenta para avanzar en procesos de contratación estatal.
El funcionario dijo: “Pudo haber transgredido los principios de pluralidad de oferentes, participación y libre concurrencia y esto a su vez, pudo conducir a que la entidad se privara de seleccionar una mejor propuesta a través de un proceso participativo”.
Ante la situación, el delegado de la Procuraduría pidió la suspensión del contrato y advirtió de investigaciones disciplinarias hasta tanto se adelante un análisis de las posibles omisiones en las que se incurrió con la suscripción del contrato y las vinculaciones derivadas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.