El Gobierno de Gustavo Petro anunció un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de reformar la Constitución de 1991. Este proyecto se plantea como punto de partida, mediante recolección de firmas ciudadanas, en lugar de tramitar directamente texto completo ante el Congreso. En los últimos meses, las reformas propuestas por el Gobierno (laboral, tributaria) han enfrentado resistencia en el Congreso: algunas han sido hundidas en comisiones o no han logrado los apoyos necesarios. En particular, un decreto que convocaba a una consulta popular para reformar la legislación laboral fue suspendido por el Consejo de Estado, que consideró que no contaba con la autorización necesaria del Senado Usar mecanismos alternativos como consulta popular o Asamblea constituyente como vía para legitimar reformas cuando se encuentra bloqueo en el Congreso.
Impulsar decretos que eviten pasar por el trámite ordinario, lo cual genera debates legales sobre su constitucionalidad.
La idea de “saltarse” legisladores puede aludir a que el Ejecutivo busca llevar reformas directamente al pueblo (vía referendo o consulta) en lugar de negociarlas en el Legislativo.