El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha radicado en el Congreso la esperada ley de financiamiento, una contundente iniciativa tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos (equivalentes a unos 6 544 millones de dólares). El objetivo es financiar el ambicioso Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, estimado en 557 billones de pesos, una cifra notablemente superior a los 511 billones del año anterior.
Un reloj político en cuenta regresiva
La propuesta llega en un momento de fragilidad fiscal y justo cuando el país se prepara para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, escenario que complica su aprobación dentro del Congreso. Analistas y congresistas coinciden en que la falta de apoyos sólidos y el ambiente político polarizado hacen que las posibilidades de lograr los votos necesarios sean reducidas.
Qué propone (y lo que preocupa)
- IVA y nuevos gravámenes: La iniciativa contempla revisar la tributación para juegos de suerte y azar, licores, licencias ambientales, y elimina exenciones como la de vehículos híbridos o servicios turísticos para extranjeros.
- Estructura progresiva: Aunque se preserva la exención del IVA para la canasta básica, se apunta a que quienes más tienen —dividendos, herencias, grandes fortunas— aporten más.
- Escasez de consenso: Liderazgos como los senadores Antonio Zabaraín (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Liberal) han expresado rechazo. Sospechan que, de no aprobarse, se terminará expidiendo el presupuesto por decreto nuevamente.
¿Por qué es urgente?
Diversos economistas —como los del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana— advierten que, sin estos recursos, el crecimiento del presupuesto se vería limitado, y la deuda pública deberá aumentar para cubrir el déficit. Camilo Pérez, del Banco de Bogotá, ha enfatizado que sin una reforma estructural, no habrá cómo financiar los programas sociales sin endeudarse más.
Riesgo político y repercusiones
- La reforma se cataloga por algunos sectores como una “jugada electoral” de alto riesgo, considerando que aplicar más impuestos en año electoral puede volverse impopular.
- Expertos advierten que el gasto del Estado ya está en niveles complicados, tras la suspensión de la regla fiscal y degradación de las calificaciones crediticias por agencias como S&P y Moody’s.
- La falta de credibilidad en el manejo fiscal —sumada al déficit que ronda el 6 %–7 % del PIB— podría dejar en manos de futuros gobiernos un legado de desequilibrio estructural.