En septiembre se conocerá si el gobierno de Estados Unidos decide certificar o no a Colombia por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Las cifras recientes sobre cultivos de coca y la tensión diplomática entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro alimentan la posibilidad de una descertificación.
De acuerdo con un análisis de Corficolombiana, la confianza de Washington en la estrategia antidrogas de Colombia se ha debilitado. El área cultivada con coca pasó de 143.000 hectáreas en 2020 a 253.000 en 2023, y podría superar las 300.000 este año, según datos de la UNODC y el Ministerio de Justicia. Al mismo tiempo, la erradicación cayó drásticamente: de 69.000 hectáreas eliminadas en 2022 a solo 9.400 en 2024. Aunque se han alcanzado cifras récord en incautaciones (960 toneladas métricas en 2024), el avance se ve limitado por la pérdida de control en zonas dominadas por grupos armados.
Impacto de una posible sanción
Una descertificación podría acarrear desde recortes en la asistencia económica hasta sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), herramienta que Trump ha usado para imponer aranceles y presionar acuerdos comerciales. En 2024, Colombia recibió 696 millones de dólares en ayuda estadounidense —casi ocho veces el promedio regional—, destinados principalmente a programas sociales, de paz y de seguridad. Según el informe, un recorte del 50 % afectaría sobre todo las iniciativas sociales y de desarrollo, así como el financiamiento indirecto de las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto.
En un escenario extremo, la IEEPA permitiría a la Casa Blanca imponer sanciones comerciales, restringir el comercio bilateral e incrementar aranceles. El informe cita como precedente el caso de Brasil, al que EE. UU. aplicó un arancel del 50 % en represalia por tensiones políticas internas, además de sanciones personales a autoridades judiciales.
Posibles sanciones focalizadas
El análisis señala que es más probable que las sanciones se concentren en individuos —como restricciones de visado o congelación de activos— que en medidas amplias contra el sector privado. En 1996, cuando Colombia fue descertificada, el impacto se tradujo en recortes temporales a la asistencia de seguridad, recuperando la certificación tras ajustes en la política antidrogas.
Estrategia para mitigar el riesgo
Corficolombiana recomienda reforzar la diplomacia con actores clave en el Congreso estadounidense, dado que ya existe una propuesta para reducir la asistencia a Colombia a 208 millones de dólares en 2026, el nivel más bajo en más de 20 años. También plantea fortalecer vínculos con la banca multilateral y fijar metas verificables de erradicación y sustitución de cultivos.
El informe concluye que una descertificación tendría efectos reputacionales, financieros y diplomáticos significativos, por lo que tanto el gobierno como el sector privado deben preparar estrategias de gestión de riesgos y monitoreo de las decisiones de agencias federales como la ONDCP y el Departamento de Estado.