l magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y uno de los jueces que absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, vuelve a estar en el centro de la controversia. Diversos medios han recordado antiguos cuestionamientos en su contra por un posible conflicto de intereses en un proceso de corrupción judicial que involucró a un familiar suyo, el exmagistrado Alcibíades Vargas Bautista, condenado por cohecho y prevaricato.
Según investigaciones publicadas por El Tiempo y Semana y retomadas por la periodista Cecilia Orozco en El Espectador, cuando Merchán se desempeñaba como juez de control de garantías en Villavicencio, intervino en un caso donde estaba implicado su concuñado —el magistrado Vargas Bautista—, sin haberse declarado impedido. En una de las audiencias, Merchán declaró ilegales las interceptaciones telefónicas que eran fundamentales para la Fiscalía, decisión que terminó beneficiando indirectamente a su familiar político, al debilitar las pruebas que lo comprometían.
La relación familiar entre ambos fue posteriormente confirmada: la hermana de Merchán, María Claudia Merchán Gutiérrez, está casada con Carlos Alberto Vargas Bautista, hermano del magistrado condenado. Aunque el hecho generó críticas dentro de la Rama Judicial por una posible falta de transparencia e imparcialidad, no derivó en sanciones penales ni disciplinarias. La entonces Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó el expediente, aunque el episodio dejó una sombra ética sobre su carrera.
Analistas judiciales han señalado que este caso evidenció debilidades en los mecanismos de control ético del sistema judicial colombiano, ya que, pese al evidente vínculo familiar y al cuestionamiento público, no se adoptaron medidas ejemplares que fortalecieran la confianza en la independencia de los jueces.
Años después, el nombre de Merchán volvió a cobrar relevancia nacional al ser designado como magistrado ponente en la decisión que resolvió la apelación del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Su papel fue determinante en el fallo que terminó absolviendo al exmandatario, decisión que ha dividido profundamente la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la imparcialidad judicial.
Aunque varios expertos reconocen su rigurosidad técnica en la redacción de las sentencias, otros consideran que su pasado debió haberlo inhabilitado para participar en un proceso de semejante trascendencia política. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha recordado que los jueces no solo deben ser imparciales, sino también parecerlo, insistiendo en la importancia de evitar cualquier apariencia de favoritismo que pueda afectar la credibilidad de la justicia.
El contexto de estos cuestionamientos se remonta a la condena contra Alcibíades Vargas Bautista, dictada el 27 de marzo de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que lo sentenció a 10 años de prisión por haber recibido sobornos a cambio de decisiones judiciales favorables a procesados por homicidio y narcotráfico en el departamento del Meta. Además, fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.
Aunque Merchán Gutiérrez no fue investigado en ese proceso, su participación inicial —cuando declaró ilegales las pruebas que comprometían a su familiar— dejó un rastro de dudas sobre su criterio y su manejo de los impedimentos éticos. Hoy, en medio del histórico fallo que absolvió a Álvaro Uribe, esas dudas vuelven a salir a la luz, alimentando el debate sobre la transparencia de los tribunales y los límites de la independencia judicial en Colombia.
En conclusión, el caso de Manuel Merchán Gutiérrez refleja las tensiones entre la técnica jurídica y la ética judicial en un sistema donde los vínculos personales y las presiones políticas pueden poner en entredicho la confianza ciudadana en la administración de justicia.